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Mientras se asienta la neblina de la cumbre climática de Glasgow, empieza a emerger una perspectiva de lo que los países firmantes del Acuerdo de París, incluido México, tienen por delante.

Si partimos del contenido del Pacto del Clima de Glasgow, la declaración emergida de la 26 Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el gobierno mexicano debe presentar metas climáticas más ambiciosas en 2022.

El mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo adelantó luego de su reunión con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, en octubre pasado.

La COP26 estipula un marco de colaboración y entrega de informes de avance del cumplimiento de las metas, lo que significa una herramienta de medición uniforme. Así, no habrá escondites en noviembre de 2022. Por ello, México debe progresar en transparencia y rendición de cuentas, pues a la fecha no ha divulgado la metodología utilizada para la elaboración de su contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) y la selección de 2013 como año base de las reducciones futuras de dióxido de carbono (CO2).

«En resumen, México se aleja cada vez más de una transición que la COP26, y el mundo entero, buscan acelerar».

Una resolución judicial provisional obliga a México a actualizar su NDC, pues la revisión de diciembre de 2020 enviada a la CMNUCC quedó anulada y rige la versión de 2016. Cabe mencionar que en su revisión del 2020 México no modificó en lo absoluto su ambición climática en términos de mitigación de gases efecto invernadero (GEI), contrario a las estipulaciones del Acuerdo de París.

Y este asunto se vincula con el Compromiso de Metano, otra meta voluntaria que el país asumió en la COP26 para reducir esas emanaciones en un 30 por ciento en 2030, en comparación con los niveles de 2020. Este compromiso México lo reiteró en la Cumbre de Líderes de América del Norte cuando López Obrador se reunió con sus pares en la Casa Blanca el 18 de noviembre, por el cual los tres países se comprometieron a reducir las emisiones de metano (CH4) de todos los sectores, especialmente de gas y petróleo.

Se trata sólo del reciclaje de un compromiso previo, pues en 2016 los tres gobiernos acordaron el acotamiento de las emisiones de CH4 del sector hidrocarburos en un rango de 40-45 por ciento para 2025, en comparación con los niveles de 2012. En Estados Unidos ese plan quedó detenido por la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017 y México no hizo mucho tampoco para mitigar esa contaminación.

La NDC mexicana incluye CH4, un gas 86 veces más contaminante que el CO2 en un lapso de 20 años y que proviene principalmente de la cadena de producción y quema de gas, de la ganadería y de la basura orgánica de los tiraderos.

Pero México aplazó en junio de 2020, por 19 meses y bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19, la aplicación de la regulación sobre metano, que estipula que los productores de hidrocarburos -Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas- presenten un Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano en el Sector Hidrocarburos. México publicó desde 2018 regulaciones federales para cumplir con su compromiso trilateral con Estados Unidos y Canadá de reducir las emisiones de este potente contaminante climático.

En los hechos, el plan contra el CH4 existe sólo en papel. El futuro de la normativa yace en manos de un tribunal, pues el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) interpuso un amparo en contra del aplazamiento.

METAS FUGACES

Los planes del actual gobierno, y de Pemex, de producir más hidrocarburos erige otra barrera para el cumplimiento de la regulación, pues las emisiones de metano podrían aumentar en toda la cadena de producción, transporte y almacenamiento. Un estudio de julio de 2021 reveló que las fugas de gas en México representan el 4,7 por ciento de las emisiones de metano -el doble de lo que representan las fugas en Estados Unidos (el principal productor de hidrocarburos en el mundo).

En ese hilo encaja otra pieza del rompecabezas climático mexicano: la contrarreforma eléctrica. La propuesta gubernamental devuelve la rectoría del sector eléctrico al Estado y crea de facto un monopsonio, donde el único comprador de la energía generada sería la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y donde el despacho de electricidad cambia de un criterio del menor costo marginal para dar preferencia a las plantas de CFE antes que a las privadas. Recordemos que son los privados los operantes de las plantas renovables del país (a reserva de las hidráulicas) y son éstas al mismo tiempo las de menor coste marginal.

Por lo mismo, un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos reveló que esta propuesta de reforma traería consigo un aumento en las emisiones de GEI entre un 26-65 por ciento, por la prevalencia de la generación a base de combustibles fósiles. Además, no sólo aumentarían las emisiones de gases como elCO2 y el CH4, sino también de gases dañinos para la salud, como el SO2 y el NO2 (causantes de la lluvia ácida).

Por otro lado, durante 2020, México generó el 4% de su energía eléctrica con carbón, pero éste fue responsable de 10% de las emisiones de GEI del sector, y como sucedió con el gobierno anterior, CFE todavía carece de un plan creíble para abandonar ese combustible para la generación eléctrica.

Con la contrarreforma, ese porcentaje de participación del carbón de hecho podría aumentar en el corto plazo justo cuando, en Glasgow, 47 países firmaron la declaración para dejar atrás el carbón e ir hacia las energías limpias. CFE apostaría por sustituir el carbón por combustóleo, un carburante para el que no hay mercado internacional y que las refinerías de Pemex tienen problemas para evitar su producción. En resumen, México se aleja cada vez más de una transición que la COP26, y el mundo entero, buscan acelerar.

La cumbre de Glasgow también puso la mira en los combustibles fósiles, esta vez bajo la figura de los subsidios exorbitantes que los países regalan a la industria. El Fondo Monetario Internacional estima esa entrega en 11 millones de dólares por minuto. Así, México, como los otros firmantes del Acuerdo, debe estructurar un plan creíble para revisar y reducir ese financiamiento que alimenta la crisis climática, pues sin esos recursos públicos, en forma de incentivos, exenciones impositivas y otros apoyos, se aceleraría el estrangulamiento financiero de la industria.

En México, en 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó al menos 53.000 millones de pesos a subsidios de combustibles fósiles.

No es la primera vez que la comunidad internacional alude directamente a los subsidios fósiles, pues el ElG20 (el grupo de las 20 economías más ricas del planeta) se comprometió al menos desde 2009 a combatir las subvenciones más ineficientes a los fósiles, sin que sus miembros avanzaran mucho en esa eliminación –México ciertamente incluido.

Empero, el país logró reducir los apoyos a gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo entre 2013 y 2017, tendencia que se revirtió desde 2018 y que podría acentuarse en los próximos meses.

Dado el capital natural, la biodiversidad y el perfil de las energías renovables de México, el país tiene mucho que ganar con acelerar la transición energética. Aún así, llegamos a la cumbre de Glasgow no sólo desdibujados en cuanto a liderazgo climático, sino incluso como uno de los «malos» del cuento. La COP26 nos deja con aún más compromisos que cumplir y hay poco tiempo para actuar.

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